Una de las medidas anunciadas recientemente por el nuevo gobierno de José Antonio Kast para aumentar los fondos fiscales refiere a la intervención de la política de gratuidad para la educación superior implementada en el año 2016. La gratuidad representa uno de los mayores cambios en el esquema de ayudas estudiantiles entregadas por el Estado que nace a partir de intensas movilizaciones estudiantiles. Las 3 modificaciones anunciadas por el gobierno republicano dicen no seguir ampliando el beneficio a otros deciles, no admitir nuevos planteles educacionales en el sistema y no conceder el beneficio a personas de más de 30 años. Sin duda, esta última propuesta perjudica casi exclusivamente a los sectores marginados de los privilegios sociales. Por una parte, son numerosos los jóvenes que al egresar de cuarto medio deben -y no por opción propia sino por necesidad- integrarse al mundo laboral para aportar a sus familias y solventar sus propias necesidades. Luego de varios años de trabajo, ahorro, esfuerzo y motivación deciden retomar la trayectoria educativa después de los 30 años. Esta situación aqueja también a migrantes forzados, o quienes han debido enfrentar una enfermedad o la de un familiar. Pero mayoritariamente afecta a las mujeres que han debido asumir la maternidad, lo que les ha impedido ingresar a la universidad o -en algunos casos- terminar sus carreras profesionales en el periodo planificado. Efectivamente el proceso de inclusión de la mujer a la educación superior nunca ha sido uniforme y eliminar la gratuidad a mayores de 30 años es un impedimento más que afecta principalmente a madres y cuidadoras que se han hecho cargo de la familia cuando la jefa de hogar sale a trabajar. En el año 2025 alrededor del 14% de los matriculados en educación superior tenía más de 30 años, probablemente no ingresaron a tiempo no por falta de interés sino por falta de oportunidades y dificultades en sus propias trayectorias de vidas. La limitación del derecho a la gratuidad hasta los 30 años es una medida discriminatoria que compromete los derechos de igualdad y una barrera de exclusión más a la que se expone a mujeres, madres, y sectores postergados.